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CAROLINA DEL NORTE DEPORTARÁ PRISIONEROS

Buscan expulsar a criminales y no a infractores menores

Escrito el 20 Jun 2008
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Carolina del Norte se convertirá a partir julio en el estado líder del país en implementar el programa 287g de revisión del estado migratorio de detenidos en cárceles locales y deportación de indocumentados.

En dos semanas el condado de Wake, donde está Raleigh, capital del estado, y en los próximos meses, Cumberland y Henderson, comenzarán a entrevistar, tomar fotografías y análisis de huellas digitales de los detenidos no nacidos en el país.

Con estos tres condados, más otros cinco —Mecklenburg, Alamance, Gaston, Cabarrus y la policía de Durham—, Carolina del Norte supera a estados como Arizona, California y Virginia, Nuevo México y Georgia.

La sección 287g de la ley de inmigración vigente desde 1996 permite a los gobiernos locales entrar en acuerdos con el federal para entrenar a alguaciles a que ejerzan funciones de inmigración con el objetivo de identificar y deportar a indocumentados.

"Es una lástima que nuestro estado sea reconocido por expulsar a inmigrantes que no han cometido crímenes y por implementar un programa que separa familias", afirmó Dani Martínez Moore, del Centro de Justicia de Carolina del Norte, durante una conferencia realizada el sábado pasado en Charlotte, la ciudad más poblada del estado.

Según Deborah Weissman, de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill, que el Congreso no haya aprobado una reforma migratoria en 2007 trae como consecuencia que las municipalidades comenzaran a establecer sus propias políticas de inmigración.

"El objetivo del 287g era expulsar a criminales y no a inmigrantes con infracciones menores de tránsito como pasa en la mayoría de los lugares donde opera. Esto está teniendo un costo social y económico para este estado", reiteró Weissman. José Pérez, abogado del Fondo Puertorriqueño de Defensa Legal, dejó abierta la posibilidad de establecer "acciones legales" si se comprueba que a los ciudadanos naturalizados se les trata de forma diferente a los ciudadanos por nacimiento.

"Es posible que se esté violando la ley del principio de protección de igualdad de los ciudadanos naturalizados al ser procesados bajo el 287g y nos gustaría conocer esos casos", reiteró Pérez.

De los casi ocho mil individuos procesados bajo el 287g en Mecklenburg en dos años, 2,889 resultaron ser ciudadanos naturalizados, residentes legales, TPS (Estatus de Protección Temporal), refugiados políticos o con visa para permanecer legalmente en el país, según cifras de la Oficina del Alguacil.

Otras de las conclusiones a las que llegaron los expertos incluyen posibles casos de perfil racional, poca transparencia en la implementación del programa, negociaciones de acuerdos con los federales sin discusiones públicas, entre otros.

Otros 20 condados de Carolina del Norte han mostrado interés en establecer el 287g, sin embargo, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha dicho que no tienen más recursos para financiar el entrenamiento de los alguaciles y apoyo técnico.

Esto sucede cuando la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte no ha podido gastarse los 750 mil dólares que recibió el año pasado del Legislativo para entrenar a alguaciles en sus funciones de inmigración aunque sus departamentos no hayan sido aceptados en el programa por el ICE.

"No ha habido transparencia en el otorgamiento de esos fondos públicos y hay que dejar saber nuestro disgusto a los legisladores", agregó Sarah Presto, de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Carolina del Norte.

Wilfredo León

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