editor@latinonewspaper.net | 08-Dec-2021 08:51:38 pm

CASTIGARÁN A QUIENES CONTRATEN INDOCUMENTADOS

Por Alexandra Vilchez

Charlotte (NC), 1 jul (EFE).- Las compañías con más de 100 empleados en Carolina del Sur deberán comprobar el estado migratorio de nuevos trabajadores para cumplir con una ley que entra hoy en vigor en ese estado.

La medida es parte de la "reforma migratoria" estatal firmada por el gobernador Mark Sanford el 4 de junio de 2008 y que es considerada una de las "más severas" del país porque castiga -con multas y suspensiones- a empresas que contraten indocumentados.

Los negocios con más de 100 empleados y aquellos que tienen contratos con el Gobierno estatal y local, tendrán que solicitar al nuevo trabajador su licencia de conducir del estado -que exige tener seguro social- como uno de los documentos válidos.

También estas empresas podrán utilizar el sistema de verificación de identidad federal conocido como E-Verify del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La División de Licencias y Regulaciones del Departamento del Trabajo de Carolina del Sur (LLR) será el ente encargado de hacer cumplir la legislación, la cual además recibirá quejas de personas que sospechen que en alguna compañía trabajan indocumentados.

LLR requerirá que el denunciante ofrezca la mayor cantidad de información sobre el caso y deberá firmar una planilla en persona para proceder con la averiguación.

Jim Knight, portavoz de LLR, dijo hoy a medios locales que la institución había contratado a 10 investigadores para dar seguimientos a las alegaciones de mano de obra sin papeles.

"Pueden estar seguros que nos

orientaremos primero a empresas que en el pasado tenían ilegales como en el sector de la construcción, agricultura y jardinería", apuntó Knight.

Asimismo, LLR conducirá auditorías al "azar" a empresas con más de 100 trabajadores, para revisar que tengan la documentación en orden.

Los empleadores que intencionalmente contraten a indocumentados correrán el riesgo de perder sus licencias de operación por hasta 30 días -en la primera falta- y pago de 1.000 dólares, y 5 años por las siguientes.

Del mismo modo, ofrece una opción a empleados que fueron despedidos para contratar a indocumentados de demandar en un plazo de 60 días a sus empleadores.

Algunos activistas de derechos civiles han dado a conocer su preocupación sobre posibles casos de perfil racial y discriminación en contra de los hispanos que podrían generarse al entrar en vigencia esta ley.

Tammy Besherse, abogada del Centro Legal de Justicia Appleseed en Columbia, capital de Carolina del Sur, dijo hoy a Efe que LLR debe tener "mucho cuidado" con las empresas que auditará y las quejas del público.

"Esperamos que sean las auditorías sean en verdad al azar y no que se investiguen empresas que contratan a empleados de piel marrón (hispanos) o que hablen español porque sería un caso de discriminación", afirmó Besherse.

La abogada enfatizó que el organismo estará supervisando las investigaciones del LLR.

Cifras del Censo indican que cerca de 200.000 hispanos viven en Carolina del Sur.

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