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Centros privados de detención de inmigrantes pierden terreno

Poco a poco, los activistas que se oponen a ellos van ganando batallas, pero la mayoría de los inmigrantes en procesos de deportación u otros procesos migratorios están presos en cárceles privadas.

Escrito el 27 Nov 2015
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Hace años que grupos en diversos rincones del país luchan contra la proliferación de cárceles privadas para detener a inmigrantes en proceso de deportación, pero es apenas ahora que los activistas empiezan a ganar terreno y a tener triunfos importantes.

En los últimos días, los críticos de ese sistema han tenido varios triunfos.

En Gary, Indiana, la empresa GEO Group retiró la pasada semana su proyecto para construir una cárcel de 800 camas para inmigrantes.

El plan tenía la fuerte oposición de diversos grupos activistas que el año pasado derrotaron un plan similar en la ciudad de Hobart, y esta vez convencieron a líderes locales, incluyendo la alcaldesa Karen Freeman-Wilson, a oponerse al proyecto.

“Esta compañía tiene un récord preocupante de maltrato a las personas bajo su custodia y a sus trabajadores”, señaló en un comunicado el Centro de Justicia para el Inmigrante Heartland Alliance, uno de los grupos que sirve a la comunidad inmigrante en la zona.

Mientras las empresas involucradas y la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) aseguran que cumplen con los estándares legales de cuidado a los detenidos, grupos pro inmigrantes handocumentado numerosos casos de maltratos y deficiencias dentro de estos centros.

La gran mayoría de los inmigrantes detenidos que esperan un proceso en tribunales de inmigración están en uno de estos centros privados que luego reciben contratos del gobierno federal.

Según un análisis del Centro para Estudios Migratorios de Nueva York, alrededor de un 67% de todos los inmigrantes detenidos dentro del sistema migratorio civil están en centros privados. El resto está en cárceles públicas o centros de detención del gobierno federal.

Un triunfo legal en Texas


En Texas, activistas han mantenido la presión sobre el gobierno y su uso de dos centros privados de detención “familiar”, en Karnes y Dilley, para detener a potenciales refugiadas centroamericanas y a sus hijos menores de edad.

El viernes pasado, un juez federal dio una orden temporal que prohíbe al estado de Texas utilizar una “regla de emergencia” para otorgar licencias de cuidado infantil, necesaria para operar, a estos dos centros.

Aunque esto no cerrará los centros familiares, donde están detenidas cientos de madres centroamericanas con sus hijos, sí permitirá que haya un nuevo proceso de reglamentación de estos centros, y que la comunidad pueda presentar su testimonio al respecto.

Bob Libal, director ejecutivo de Grassroots Leadership, la organización que demantó al estado por dar licencias temporales y de emergencia a estos dos centros, dijo que esto no había sido una emergencia. “La emergencia es tener a niños y madres en centros de detención, cuando están escapando por su seguridad y sus vidas”, comentó.

Una reciente decisión en la demanda federal contra el encarcelamiento de madres y menores requiere que los centros donde están los menores de edad estén adecuadamente “licenciados” por el estado.

Cárcel privada falla inspección

Otro caso reciente que ilustra la preocupación de los activistas respecto a las condiciones de operación de los centros privados es el de Rolling Plains Regional Detention Center, en Haskel, Texas, donde una reciente inspección estatal halló numerosos problemas.

Más de 485 inmigrantes están encerrados en dicho centro, manejado por una empresa privada de Louisiana (Emerald Corrections) y la semana pasada la Comisión de Estándares Carcelarios de Texas publicó un reporte indicando diversas violaciones de la cárcel a los estándares que manda la ley.

Entre las violaciones delineadas en el reporte está la de no clasificar adecuadamente a los detenidos ni mantener un archivo adecuado de las razones por las cuales están allí, no tener suficientes guardias y empleados sin licencia de trabajo correccional.

Estos centros de detención normalmente no están bajo la jurisdicción del estado, pero en este caso el estado intervino porque había, entre los 485 migrantes,  una docena de presos comunes.

Recientemente, los precandidatos demócratas a la presidencia se decantaron en contra del uso de centros privados para detener a inmigrantes.
La Opinión

Wilfredo Leon
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