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DEMANDAN LEY ANTI INMIGRANTE SB 20 DE CAROLINA DEL SUR

Es Inconstitucional y Genera Discriminación

Escrito el 21 Oct 2011
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Greenville, SC.- El pasado martes 11 de octubre tal y como lo habían prometido, la coalición de derechos civiles, encabezados por la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU) radicó una demanda o interdicto contra la ley de inmigración SB20 de Carolina del Sur, ley inspirada en la SB1070 de Arizona.
La demanda se interpuso en la Corte Federal del Distrito de Charleston y afirma que la legislación, firmada el pasado 27 de junio por la gobernadora (hija de inmigrante hindú) Nikki Haley, es insconstitucional, invita al perfil racial e interfiere con la ley federal.
La ley está orientada a combatir la inmigración ilegal, facultando a la policía a cuestionar el estatus migratorio de los sospechosos de ser indocumentados.
La ley convierte a Carolina del Sur en el primer estado, en autorizar la creación de una unidad especial de agentes para combatir la inmigración ilegal en el estado.
La legislación entraría en vigor el 1ro de enero de 2012 y era la única de seis legislaciones estatales anti-inmigrantes aprobadas en los últimos 2 años que permanecía sin ser confrontada en las cortes. De seis, solo una entró en vigor.
Andrés Segura, abogado de ACLU dijo, “Vimos en Alabama efectos devastadores y no queremos que la gente de SC sufra igual. Esta ley draconiana debe detenerse, atenta contra nuestros valores americanos”.
Cortes Federales han bloqueado la implementación de las principales secciones de la Ley de Arizona, asi como leys similares en Indiana y Georgia. Pero recientemente un juez federal permitió que secciones similares en la ley anti-inmigrante de Alabama fueran implementadas, con desvastadores y terribles consecuencias económicas y himanas a través del estado. La coalición tiene un caso pendiente contra la ley anti-inmigrante de Utah.
La coalición en el caso de Carolina del Sur incluye ACLU, la ACLU of South Carolina, the Southern Poverty Law Center, the National Immigration Law Center, the Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), the South Carolina Appleseed Legal Justice Center, LatinoJustice PRLDEF y las oficinas de los abogados Rosen, Rosen & Hagood y The Lloyd Law Firm.
Por Rossy Bedoya & Wilfredo León

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