Estos son los puntos del acuerdo de rebelión contra Maduro que aprobó el Parlamento venezolano

Escrito el 24 Oct 2016
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La Asamblea Nacional aprobó en una sesión especial este domingo un “acuerdo para la restitución del orden constitucional en Venezuela”, luego de que la máxima autoridad electoral del país decidiera suspender el proceso de referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro, lo que deja sin vías legales a la oposición en sus esfuerzos por cambiar el gobierno en medio de una de las peores crisis económicas que experimenta la nación en décadas.

El acuerdo aprobado por la mayoría opositora -en medio de la incursión violenta de grupos chavistas a la sede del Palacio Legislativo- incluye ocho puntos.

1) “ Declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución y el pueblo de Venezuela”.

El encargado de plantear este punto en el debate fue el jefe de la mayoría opositora, Julio Borges, quien anunció que el Parlamento “se declara en rebelión frente a la ruptura de la Constitución”.

2) “Solicitar a la comunidad internacional la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de Venezuela, en especial su derecho a la democracia”.

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, adelantó el viernes que se reunirá en Washington con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para plantearle la necesidad de aplicar la Carta Democrática Interamericana en el país.

3) “Formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los jueces y rectoras del Consejo Nacional Electoral responsables de la suspensión del proceso de referendo revocatorio y demás funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela”.

El jefe de la Comisión de Política Exterior de la Cámara, Luis Florido, justificó esta acción bajo la premisa de que estos funcionarios “atentaron contra la democracia y la Constitución”.

4) “Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismo constitucionales, a la designación de los 3 rectores principales y sus suplentes, que fueron nombrados provisionalmente en diciembre de 2014; así como la designación de los dos rectores principales y suplentes cuyo período de ejercicio culmina en diciembre del presente año, para con ello garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho”.

De esta manera, el Parlamento asume el compromiso de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el chavismo, al que acusa de obstaculizar el proceso por el referendo revocatorio.

5) “Proceder de manera inmediata y de acuerdo con los mecanismos constitucionales, a la designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para garantizar el respeto del derecho de los venezolanos a elegir, así como la independencia de poderes y el respeto al estado derecho”.

El TSJ ha dictado unas 28 sentencias contra la Asamblea Nacional, limitando sus competencias y funciones constitucionales. En un fallo emitido el 2 de septiembre, el máximo juzgado declaró “manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas”.

El presidente Nicolás Maduro se ha valido de estas decisiones judiciales para evadir el control parlamentario hasta el punto de aprobar vía decreto el presupuesto de la Nación para 2017.

6) “Iniciar el proceso para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y convocar a una sesión especial de la Asamblea Nacional para el próximo martes 25 de octubre, para evaluar y decidir sobre la materia”.

Este punto conduciría a un juicio político que podría culminar con la destitución de Maduro. El legislador opositor Luis Emilio Rondón indicó que al quebrantar la Carta Magna, el Jefe de Estado incurre en “abandono del cargo”, una de las causales que contempla la ley fundamental para determinar la “falta absoluta” del Presidente. Rondón aclaró que este principio “no se trata simplemente del abandono físico del Gobierno”, sino que guarda relación con el “no cumplimiento de la Constitución”.

El tema del “abandono del cargo” será abordado junto con otro asunto que hasta el momento había sido enarbolado por los sectores más radicales de la oposición: la nacionalidad del mandatario venezolano. “La madre de Maduro es ciudadana colombiana”, afirmó la parlamentaria Dennis Fernández, quien encabezó una comisión especial que investigó los orígenes del líder chavista.

El artículo 227 del texto constitucional establece que “para ser elegido Presidente o Presidenta de la República se requiere ser venezolano o venezolana por nacimiento, no poseer otra nacionalidad”. Fernández aseguró que “nos va a llegar en estas horas” una “prueba fehaciente, contundente”, que demostraría la doble nacionalidad de Maduro.

La diputada chavista Tania Díaz desestimó este señalamiento y afirmó que ya la vicecanciller de Colombia, Patti Londoño Jaramillo, informó a través de una comunicación oficial que en ese país no existen registros que “permitan inferir” que el Presidente es colombiano. La diputada Díaz es la misma que desmintió la detención de los sobrinos de la primera dama Cilia Flores (cuyo juicio por tráfico de droga se lleva a cabo den Nueva York).

7) “ Exigir a la Fuerza Armada Nacional no obedecer ni ejecutar ningún acto o decisión que sea contrario a los principios constitucionales o menoscaben derechos fundamentales del pueblo de Venezuela, emanados del Poder Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”.

En el mensaje dirigido a los militares, el legislador Tomás Guanipa enfatizó que “no pedimos un golpe de Estado, simplemente exigimos que dejen luchar al pueblo por el cambio”.

8) “Convocar al pueblo de Venezuela, en virtud de los preceptos constitucionales, en especial lo establecido en el artículo 333 de nuestra Constitución, a l a defensa activa, constante y valiente de nuestra Carta Magna, de la democracia y el Estado de Derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional”.

La citada disposición impone a los ciudadanos el deber de “colaborar en el restablecimiento” de la vigencia de la legalidad. La oposición convocó una protesta denominada la “toma de Venezuela” para el miércoles 26 de octubre.

Los organizadores no han definido el trayecto ni el alcance de esta manifestación, pero el diputado Freddy Guevara advirtió en su intervención: “si tenemos que rodear el palacio de Miraflores (sede de Gobierno), así lo haremos. La rebelión popular democrática es un derecho”.

Aunque no está citado expresamente en el acuerdo aprobado por la mayoría parlamentaria, en el marco del debate el legislador Carlos Berrizbeitia invocó el artículo 350 de la Constitución, que reza: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”.
Univision

Wilfredo Leon
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