Gobierno asegura que solo prioriza la deportación de criminales pero cifras dicen lo contrario

Escrito el 21 Mar 2016
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El gobierno federal insiste en que está dando prioridad a ladeportación de indocumentados con antecedentes criminales, pero cifras publicadas la semana pasada por Univision Noticias demuestran todo lo contrario: el 40.7% de los 96,016 expulsados en los primeros cinco meses del año fiscal 2016 no tenía faltas.

La página digital del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) señala que “pondrá máxima prioridad en las amenazas a la seguridad nacional, criminales convictos, miembros de pandillas, e inmigrantes ilegales detenidos en la frontera”.

Y agrega que “colocará como prioridad de segundo nivel a los convictos por delitos menores significativos o múltiples delitos, y los que no son aprehendidos en la frontera que entraron o volvieron a entrar a este país de manera ilegal después del 1 de enero de 2014”.

“La tercera prioridad se enfocará en aquellos que no eran delincuentes pero que no han cumplido con una orden final de remoción emitida a partir del 1 de enero de 2014. Bajo esta política revisada, los que entraron ilegalmente antes del 1 de enero de 2014, que nunca desobedecieron una orden de remoción previa, y nunca han sido convictos de crímenes serios, no serán prioridad para deportación”, asegura.

Los últimos deportados

La semana pasada y respondiendo a una pregunta de Univision Noticias, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), dijo que en lo que va del año fiscal 2016 (158 días, entre el 1 de octubre de 2015 y el 6 de marzo), ha deportado un total de 96,016 indocumentados y de ellos 39,139 (40.7%) no tenía antecedentes criminales.

“Los otros 56,211 (58.5%) sí tenían antecedentes criminales”, confirmó Néstor Yglesias, vocero de ICE en Miami, Florida.

La cifra equivale a 607 deportados diarios, 25.3 cada hora. Durante el año fiscal 2015 el promedio diario de expulsados fue de 644.

Qué dice el gobierno
A pesar de las cifras, el DHS señala que está proporcionando “guías claras sobre el ejercicio de la discreción procesal” y cita como documento base las prioridades de deportación que el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, anunció el 14 de noviembre del 2014, el mismo día que Obama anunció la Acción Ejecutiva migratoria que incluye los programas DACA y DAPA.

  • Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);

  • Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);

  • Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;

  • Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.


El departamento también enfatizó que a partir de noviembre del 2014 eliminó el polémico programa Comunidades Seguras y lo reemplazó por uno nuevo denominado Programa de Prioridad de Aplicación de Ley (PEP, por su sigla en inglés).

Comunidades seguras operó entre 2008 y 2014. ICE dijo que en los seis años fueron deportados 375,031 indocumentados con antecedentes criminales.

Planes bajo la lupa

Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes, contrario al optimismo del DHS, dicen que el PEP es lo mismo que Comunidades Seguras pero con otro nombre.

“Nos preocupa que inmigrantes detenidos por una simple infracción de tránsito y les tomen huellas digitales, terminen siendo entregados a ICE para ser deportados”, dijo a Univision Noticias Emma Lozano, directora de la organización Familias Latinas Unidas de Chicago, en Illinois.

“Nuestra mayor preocupación es que el PEP rompe la confianza con la ciudadanía para colaborar con las policías municipales y estatales”, dijo a Univision Noticias Artemio Arreola, director político de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR).

El DHS reitera que el programa PEP ”seguirá apoyándose en los datos biométricos basados en huellas dactilares presentadas durante arrestos hechos por las agencias de orden público estatales y locales, e identificará para las agencias federales del orden público los criterios específicos por los cuales una persona está bajo su custodia”.

“Nosotros seguimos pensando que el PEP es una réplica de Comunidades Seguras”, subrayó Arteaga. “Lo hemos denunciado desde un comienzo, cuando insistimos junto con otras organizaciones que arriba del 70% de los deportados por Obama no tenia antecedentes criminales”.

El activista agregó que “lo han querido mejorar, pero nuestra comunidad sigue siendo deportada. Pensamos que es por los intereses económicos detrás de las deportaciones y porque tienen que cumplir cuotas en las cárceles de ICE. Lamentablemente seguimos pagando los platos rotos”, concluyó.

En lo que va del gobierno de Obama ICE ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados.
Univision

Wilfredo Leon
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