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La Corte Suprema se inclina por limitar el derecho al aborto

Respaldando una ley de Mississippi que lo veta tras la semana 15

Escrito el 02 Dic 2021
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La Corte Suprema se inclina por limitar el derecho al aborto


Respaldando una ley de Mississippi que lo veta tras la semana 15


La Corte Suprema, en su  mayoría conservadora, dio muestras de inclinarse por limitar el derecho al aborto.

El tribunal escuchara los argumentos presentados en un caso que podría servir para anular el histórico fallo de 1973 en el caso de Roe vs Wade, que legalizó el aborto en Estados Unidos, y la sentencia de 1992 en el caso Planned Parenthood vs Casey, que consolidó ese derecho fundamental de las mujeres.

Gracias a estas decisiones judiciales, los estados pueden regular pero no prohibir el aborto hasta el límite estimado de viabilidad fetal, situada aproximadamente en las 24 semanas de gestación.

Entre los jueces que precisamente cuestionaron ese límite temporal estaban el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y el juez Samuel Alito, ambos conservadores. Alito dijo que "realmente no tiene ningún sentido".

El tribunal está revisando un caso sobre la prohibición del aborto en Mississippi después de las 15 semanas. Ese estado, gobernado por republicanos, alega que los dos fallos históricos antes citados deben ser revocados para poder afirmar su ley que prohíbe el aborto después de las 15 semanas.

"¿Por qué 15 semanas no es tiempo suficiente?", preguntó el juez Roberts durante los argumentos, que se prolongaron durante más de hora y media.

El juez Brett Kavanaugh, también conservador, sugirió que la corte debía dejar la cuestión del aborto en manos del Congreso y los estados, y "volver a la posición de neutralidad".

Antes de la presentación de los argumentos, los tres jueces liberales de la Corte Suprema (frente a seis conservadores) apuntaron que revertir Roe y Casey dañaría gravemente la legitimidad del tribunal.

La jueza Elena Kagan señaló que la corte no revoca fácilmente las decisiones tomadas en el pasado. Eso evita, según dijo, que la gente piense que "este tribunal es una institución política" y que "irá de un lado a otro dependiendo de los cambios en su composición".

Los jueces Sonia Sotomayor y Stephen Breyer, también progresistas, coincidieron en que anular los precedentes de la corte sobre el aborto podría dañar al propio tribunal.

"¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son sólo actos políticos?", cuestionó Sotomayor.

"Si la gente realmente cree que todo es político, ¿cómo sobreviviremos? ¿Cómo sobrevivirá el tribunal?", añadió.

Es posible que los jueces se limiten a confirmar la ley de Mississippi y no emitan ninguna decisión sobre los otros temas, pero los partidarios del derecho al aborto sostienen que esa posición anularía de hecho la sentencia histórica de Roe v Wade.

Los defensores de ambos bandos llenaron la acera y la calle situada frente a la Corte Suprema, y sus consignas podían ser oídas desde dentro del edificio. Algunos llevaban pancartas que decían "Su cuerpo, su elección" o "Dios odia el derramamiento de sangre inocente". El alto tribunal reforzó las medidas de seguridad, incluyendo el cierre de algunas calles de los alrededores.

El caso llega a una Corte Suprema tras los tres nombramientos hechos por el expresidente Donald Trump (Brett Kavanaugh, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett), quien prometió designar a jueces que se opusieran al derecho al aborto.

El tribunal nunca había accedido antes a revisar un caso sobre la prohibición del aborto en una etapa tan temprana del embarazo.

Hace un mes, los jueces también escucharon los argumentos sobre una ley de Texas de diseño único que ha logrado sortear las decisiones de Roe y Casey y prohibir los abortos después de unas seis semanas de embarazo.

La disputa sobre la ley de Texas gira en torno a la posibilidad de impugnar la ley en una corte federal, más que al derecho al aborto.

La Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre esta legislación. Mientras, los magistrados se han negado a dejar la ley en suspenso mientras sigue siendo revisada.

El caso de Mississippi plantea cuestiones fundamentales para el derecho al aborto. El estado argumenta que la viabilidad fetal es un criterio arbitrario que no tiene suficientemente en cuenta el interés de las autoridades estatales en regular el aborto.

También sostiene que los avances científicos han permitido que algunos bebés que nacieron antes de las 24 semanas sobrevivan, aunque no argumenta que la línea esté cerca de las 15 semanas de gestación.

Más del 90% de los abortos se realizan en las primeras 13 semanas de embarazo, mucho antes de la viabilidad, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

Sólo unas 100 pacientes al año abortan después de las 15 semanas en la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, la única clínica abortiva de Mississippi. El centro no realiza abortos después de las 16 semanas.

El juez Clarence Thomas es el único miembro de la corte que ha pedido abiertamente la anulación de Roe y Casey. Una cuestión es cuántos de sus colegas conservadores están dispuestos a unirse a él.

Una de las preguntas que se hacen los jueces cuando consideran la posibilidad de desechar un fallo anterior no es sólo si es incorrecto, sino si es atroz.

Esa es una formulación que Kavanaugh ha utilizado en una opinión reciente, y Mississippi y muchos de sus aliados han dedicado un espacio considerable en sus presentaciones ante la corte para argumentar que Roe y Casey se ajustan a la descripción de ser atrozmente erróneos.

"La conclusión de que el aborto es un derecho constitucional no tiene ninguna base en el texto, la estructura, la historia o la tradición", dice el estado de Mississippi.

La clínica responde alegando que los mismos argumentos fueron considerados y rechazados por la corte hace casi 30 años en Casey. Sólo ha cambiado la composición del tribunal desde entonces, señalan la clínica y sus aliados.

En sus sentencias anteriores, la Corte Suprema ha arraigado el derecho al aborto en la sección de la 14ª Enmienda, que dice que los estados no pueden "privar a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal".

Se espera una decisión para finales de junio, poco más de cuatro meses antes de las elecciones al Congreso del año que viene, y podría convertirse en un grito de guerra de la temporada electoral.

 

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