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La nueva prueba de “carga pública” es una carga para la la economía

Escrito el 27 Feb 2020
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La nueva prueba de “carga pública” es una carga para la la economía


Por Steve Tobocman

El pasado 27 de enero, la Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para la implementación de los cambios en la llamada regla de “carga pública”, del gobierno de Donald Trump.

Esencialmente, la regla crea una prueba de riqueza para inmigrantes basada en factores como edad, salud, educación, ingresos y recursos. Los agentes de inmigración pueden usar esta evaluación para negar las solicitudes de quienes buscan ser admitidos en el país o de aquellos que tratan de obtener la residencia permanente legal, bajo la probabilidad de que la persona se convierta en “carga pública” al necesitar beneficios del gobierno.

En un informe publicado en noviembre de 2019, el Instituto de Política Fiscal, una organización de investigación independiente y no partidista, predijo que la nueva medida reduciría la economía del país en 24.000 millones de dólares al año, con una pérdida relacionada de 164.000 empleos en todo el país y detrimento de ingresos fiscales en todos los estados.

La nueva regla sugiere que solo las economía de familias que ganan más del 250% del nivel federal de pobreza o 64.375 dólares para una familia de cuatro deben ser calificadas favorablemente al tomar decisiones de carga pública.

Las apelaciones seguirán su curso en los tribunales federales, pero ahora millones de familias pueden enfrentar escoger entre acceder a alimentos, vivienda y beneficios de atención médica –a los cuales califican legalmente– o poder buscar cambios futuros en su estado migratorio, como solicitar una “green card”.

Los economistas predicen (y los defensores afirman que ya lo han observado) que el cambio en la regla tendrá un “efecto paralizador” en las familias inmigrantes –incluidas aquellas con hijos que son ciudadanos estadounidenses–, disuadiéndolas de acceder a programas de vivienda, alimentación y nutrición, así como a atención médica, incluido el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP, por sus siglas en inglés), al que tienen derecho legal.

Este “efecto paralizador” ocurre porque, aun si la nueva regla no les aplica a ellos, las familias inmigrantes pueden preocuparse de que el acceso a estos beneficios ponga en peligro su estatus legal.

El “efecto paralizador” también significa que menos familias inmigrantes accederán a estos programas y, por lo tanto, habrá menos gasto en las tiendas de comestibles donde se canjean los beneficios de la estampilla SNAP, así como a lo largo de la cadena de producción de alimentos, incluida la entrega, el almacenamiento, el procesamiento e incluso agricultura.

Habrá menos gasto en vivienda. Los hospitales y otros proveedores de atención médica que atienden a los clientes de Medicaid y CHIP también pagarán costos significativos. La política aumentará la atención no compensada y la de emergencias.

Pero los costos económicos reales son mucho mayores. Dar la bienvenida a los inmigrantes ha sido el motor de la prosperidad de Estados Unidos durante siglos. Cerrar esa puerta a todos aquellos que no pueden pasar una prueba de ingresos bastante sustancial cambia nuestro carácter nacional.

Nota del editor: El autor es exrepresentante de la Cámara por el estado de Michigan y presidente ejecutivo de Global Detroit.
Steve Tobocman

Wilfredo Leon
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