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Las cortes frenan políticas migratorias de Trump

Las cortes, tercer poder constitucional, frenan políticas migratorias extremas del Presidente.

Escrito el 16 Oct 2019
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Las cortes frenan políticas migratorias de Trump


El pasado viernes tres jueces ordenaron que el servicio de inmigración no puede activar una nueva regla de carga pública, y la semana pasada otra corte federal prohibió las deportaciones aceleradas (expedited removal) a nivel nacional.

El gobierno de Donald Trump criticó la decisión tomada el viernes por tres jueces que frenaron la puesta en vigor de una nueva regla de carga pública, que negaría la residencia legal permanente ('green card') a inmigrantes que utilizan fondos públicos, aunque estos se encuentren legalmente disponibles.

También criticó otra decisión de una corte federal del distrito de Columbia (DC) que detuvo la implementación a nivel nacional de las deportaciones aceleradas (expedited removal), que opera hasta 100 millas de la frontera e impacta a inmigrantes indocumentados que llevan menos de 14 días en el país. De acuerdo a la propuesta de Trump, los arrestados podían ser expulsados del país sin derecho a ser presentados ante una corte de inmigración.

La Casa Blanca dijo que los fallos judiciales son “impactantes” y le atan las manos al gobierno para “hacer cumplir las leyes de inmigración aprobadas por el Congreso”.

Las críticas de la Casa Blanca también incluyen un quinto dictamen emitido en septiembre por un juez federal de California, que prohibió a ICE emitir órdenes de arresto (detainers) de inmigrantes a partir de las bases de datos de cárceles locales.

Biorotte tampoco permitió que ICE ordene retener a migrantes que son liberados de cárceles en localidades que no han autorizado a la policía a colaborar con los agentes de inmigración (en el marco de los convenios hechos bajo el amparo de la Sección 287g), conocidas como "jurisdicciones santuario".

El viernes, el juez federal George Daniels, de la corte federal de distrito de Manhattan, Nueva York, emitió un dictamen de 24 páginas en el que calificó la nueva norma de carga pública como una desviación innecesaria de los procedimientos establecidos durante "más de un siglo".

Otros dos jueces, uno de California y otro Washington, emitieron fallos similares prohibiendo la entrada en vigor de la medida bajo los mismos argumentos.

Los tres jueces decidieron en favor de demandas presentadas por 21 estados y el Distrito de Columbia (capital), que impugnaron la nueva regla de carga pública del gobierno de Trump inmediatamente después de la publicación en el registro federal de la versión final, en agosto.

Según Trump, el freno a la implementación de las órdenes de arresto (detainers) de ICE, impedirá a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) “arrestar y expulsar a ciertos extranjeros criminales bajo custodia de las policías estatales y locales”.

Un reciente reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, revela que durante el año fiscal 2019 un total de 191,061, equivalente al 49.6% de los deportados, tenían cargos por ingreso no registrado al país (entry without inspection), una falta de carácter civil no criminal.

Otros 165,531 deportados, equivalente al 43%, tenían otros cargos de inmigración. Solo el 4.9% (18,981 personas) tenían cargos criminales.

Abogados consultados por medios de comunicación dijeron que el gobierno apelará las decisiones para implementar su política migratoria, y es probable que la batalla legal llegue hasta la Corte Suprema de justicia.

Wilfredo Leon
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