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Las primeras medidas de Trump en inmigración: el muro, más capacidad de detención y recorte de fondos a las ciudades santuario

Escrito el 25 Ene 2017
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El presidente Donald Trump firmó este miércoles dos órdenes ejecutivas sobre inmigración: una de seguridad fronteriza, que incluye la ampliación del muro y de los espacios de detención para inmigrantes indocumentados, y la segunda busca cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos y despojar de fondos federales a las ciudades santuario. Lo confirmó este miércoles el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer.

El muro con México


Según Spicer, la primera orden establece la construcción del muro fronterizo con México, pagado por ese país. "Es la primera medida de sentido común para asegurar la frontera", dijo el vocero. "Va a reducir el flujo de drogas, crimen, y de la inmigración ilegal a lo largo de Estados Unidos", agregó. Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional serán dotados con las herramientas y recursos necesarios para resguardar la línea fronteriza.

Actualmente hay unas 652 millas de separación física (1,049 km) entre Estados Unidos y México, en forma de muro, verja o valla, según datos federales. La mayoría del resto de la frontera es agua, el Río Grande, además de haber otras complicaciones geográficas, históricas y sociales para su construcción. Podría costar hasta 25,000 millones de dólares, según el Migration Policy Institute.

Más capacidad de detención


Spicer también aseguró: "Crearemos más espacios de detención para los inmigrantes ilegales a lo largo de la frontera sur para hacer más sencillo y económicas sus detenciones y el regreso a sus países".

La Casa Blanca insistió en su foco en los indocumentados con antecedentes criminales, sin especificar qué delitos tendrán en cuenta:

"Vamos a priorizar la persecución y deportación de inmigrantes indocumentados que también han violado nuestras leyes. Luego de que estos criminales pasen tiempo en prisión por los crímenes que cometieron, serán devueltos a sus países con un boleto solo de ida, y sus gobiernos tendrán que recibirlos".



El final de 'catch and release'


Además, el portavoz de la Casa Blanca explicó que se eliminará la "peligrosa" 'catch and release', una política revivida por el presidente Barack Obama y que prohíbe que agentes fronterizos usen la discreción para detener y deportar inmediatamente a inmigrantes indocumentados.

La decisión se conoce en momentos en que en la frontera se registran cifras récord de inmigrantes centroamericanos, quienes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza, y llegan a Estados Unidos en busca de asilo.

La práctica prohíbe sus deportaciones inmediatas y exige que sea un juez de inmigración quien decida sus futuros en el país, procesos que pueden demorar hasta cuatro años a causa del atasco en las cortes de inmigración. En diciembre había más de 530,000 expedientes acumulados.

Represalia a las ciudades santuario


La segunda medida le pide entre otras cosas al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, que busque maneras para recortar los fondos federales que van a las llamadas ciudades santuario, que no colaboran con las autoridades de inmigración en el control de los indocumentados.

"Despojaremos a las ciudades santuarios que albergan a inmigrantes indocumentados de los fondos federales", dijo Spicer ante los periodistas.

La vuelta del programa que atemorizó a los indocumentados


El vocero también dijo que el gobierno republicano restaurará el polémico programa Comunidades Seguras, que establece un sistema de cooperación automática entre las autoridades locales de seguridad y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El programa funcionó entre 2008 y 2014 como una poderosa base de datos manejada por el DHS y que permitía a las policías locales establecer el estatus migratorio de cada persona al momento de su arresto. Si la prueba biométrica demostraba que no tenía estatus migratorio o antecedentes criminales era introducido en una lista de deportables. El presidente Obama la eliminó en 2014 por falta de transparencia y luego de años de duras críticas con un total de 375,031 deportados, la mayoría de ellos con faltas que no amenazaban la seguridad nacional.

Wilfredo Leon
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