editor@latinonewspaper.net | 03-Dec-2020 08:54:14 pm

LATINOAMÉRICA SE UNE A DEMANDA CONTRA LEY MIGRATORIA DE CAROLINA DEL SUR

COLUMBIA, Carolina del Sur - Dieciséis naciones de América Latina y el Caribe pidieron unirse a la demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra la nueva ley de inmigración de Carolina del Sur, SB20, entre temores de que cause que sus ciudadanos sean blanco de discriminación autorizada por el estado.
México, Honduras, Brasil, Ecuador y Chile estuvieron entre los países que presentaron documentos el martes pidiendo unirse al litigio presentado la semana pasada por el Departamento de Justicia en Charleston.
En la querella, abogados federales pidieron a la corte impedir que el estado aplique una ley que entra en vigor en enero.
Qué están pidiendo
La ley de Carolina del Sur también exige que todos los negocios utilicen un banco de datos del gobierno federal para revisar el estatus legal de sus contrataciones nuevas. Si violan la ley a sabiendas, pueden perder su licencia comercial.
También convierte en delito mayor crear identificaciones falsas y albergar a inmigrantes en situación migratoria ilegal.
El fiscal federal en Carolina del Sur, Bill Nettles, dijo que la ley viola el
derecho de la gente a un debido proceso y es inconstitucional.
La demanda del gobierno
El Departamento de Justicia está impugnando leyes similares en Alabama y Arizona, y está revisando las de Utah, Indiana y Georgia.
La dependencia federal argumenta que las leyes estatales desvían recursos de esfuerzos para combatir terrorismo, contrabando de drogas y actividad de pandillas, y ocasionará acoso y detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales o ciudadanos estadounidenses que no puedan de inmediato demostrar su estatus legal.
Pero quienes apoyan tales leyes estatales señalan que éstas no serían necesarias si el gobierno federal hiciera su trabajo de aplicar la ley.
Rob Godfrey, vocero de la gobernadora Nikki Haley, dijo el martes que ésta no daría marcha atrás ante las demandas e impugnaciones.
"El trabajo de la gobernadora es proteger a los ciudadanos de Carolina del Sur. Eso es lo que está haciendo, y no se va a detener sin importar quién decida demandarla, ya se trate de los sindicatos, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Departamento de Justicia o cualquier otro", subrayó Godfrey.

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