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Maestros lanzan campaña nacional para presionar al Congreso a que apruebe revisión de reforma educativa

Controvertida reforma educativa, que impone sanciones a escuelas con bajo rendimiento académico, caducó en 2007

Escrito el 02 Nov 2015
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Diez organizaciones educativas, que representan a millones de educadores, directores, superintendentes y padres de familia de todo EEUU, lanzaron este lunes una campaña nacional de anuncios para presionar al Congreso a que termine antes de fin de año la revisión de una reforma que garantice una educación pública “de primera”.

La revisión de la reforma educativa “Que Ningún Niño Se Quede Atrás” (“No Child Left Behind”, NCLB), que daría más autonomía a los gobiernos estatales, ya fue aprobada por separado en ambas cámaras del Congreso en julio pasado, pero falta que los legisladores inicien un proceso bicameral para armonizarla en un solo texto definitivo y someterla a un voto final.

La campaña de anuncios, que tiene un costo inicial de $60,000, se está llevando a cabo a través de internet, las redes sociales de Facebook y Twitter,  y el diario “Politico”, y está dirigida a los legisladores directamente implicados en las negociaciones.

Un anuncios advierte a los legisladores de que no es el momento de frenar el “enorme progreso” logrado hasta ahora para renovar la reforma educativa y así mejorar la calidad de la educación pública en Estados Unidos.

“Por favor aprueben un proyecto de ley definitivo centrado en dar oportunidades a todos los estudiantes, sin importar el código postal (en que viven)… nuestros estudiantes no pueden esperar más por una ley actualizada”,  indica el anuncio.

Antes conocida como el Acta para la Educación Primaria y Secundaria (ESEA, por su sigla en inglés), la ley fue promulgada por el entonces presidente Lyndon B. Johnson en 1965 para ayudar a los gobiernos estatales a “nivelar la cancha” para los estudiantes pobres con escasas oportunidades educativas.

Controvertida reforma

La ley, que canaliza miles de millones de dólares a escuelas con alto porcentaje de estudiantes pobres, no ha sido ajustada desde 2001, cuando fue reformada y rebautizada como “NCLB” bajo la presidencia de George W. Bush.

Pero la NCLB creó sus propias controversias porque, entre otros elementos, exigía mejores resultados en los exámenes nacionales y que las escuelas públicas con bajo rendimiento estudiantil adoptaran cambios drásticos a largo plazo –como el cambio del plan de studios, o el despido de maestros- o cerraran sus puertas.

En general, los maestros exigen cambios fundamentales a la ley que, a su juicio, impuso metas imposibles sin tomar en cuenta los retos y variaciones de aprendizaje de cada niño, además de que “castigaba” a ciertas escuelas por el bajo rendimiento de algunos estudiantes.

Los maestros también criticaron que, bajo la ley, las escuelas que no registraran progreso durante dos años seguidos tenían que ofrecer a los estudiantes la opción de transferise a escuelas con mejor rendimiento, pero eso no resuelve el problema fundamental en esos colegios.

Prioridades de los maestros

Al reestructurar una ley que técnicamente caducó en 2007, los legisladores buscan consenso sobre asuntos como la rendición de cuentas de las autoridades escolares, cuántos y cuáles programas mantener dentro de la ley, y determinar el futuro papel del secretario de Educación en la gestión de los programas.

La campaña de anuncios es respaldadaa por los dos principales sindicatos de maestros en todo el país, la Federación Estadounidense de Maestros (AFT, en inglés) y la Asociación Nacional de Educación (NEA), que desde siempre han criticado la “fijación” del gobierno federal en las pruebas escolares como vara para medir el rendimiento de los estudiantes.

“Es hora de hacer lo que pide el público, el presidente (Barack Obama) ha reconocido lo que padres y educadores saben desde hace mucho tiempo – que debemos responder a las necesidades de los estudiantes corrigiendo la ley educativa”, dijo Randi Weingarten, presidente del AFT.

Por su parte, Lily Eskelsen García, presidenta de la NEA, también cree que las pruebas no son un “cura-lo-todo” para la desigualdad en las escuelas, y aseguró que es hora de que el Congreso trabaje con seriedad y envíe pronto a Obama la renovación de la reforma educativa.

Daniel A. Domenech, director ejecutivo de la Asociación de Superintendentes Escolares, afirmó que la nueva ley educativa le “daría oxígeno” tanto a los distritos escolares como a los estudiantes que necesitan los recursos para mejorar su nivel de educación.
La Opinión

Wilfredo Leon
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