Menores que recibieron amparo de la deportación están en la mira de ICE para expulsarlos de EEUU

El fin de la discreción procesal decretada por el presidente Donald Trump a finales de enero, no solo puso en riesgo de deportación a los 11 millones de indocumentados, sino también a menores protegidos por un programa que les permite pedir la 'green card'.

Escrito el 11 Jul 2017
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El gobierno de Estados Unidos buscará deportar a menores inmigrantes que llegaron al país buscando asilo, incluso cuando estén en espera de recibir su ‘green card’ bajo un programa especial para jóvenes inmigrantes, según confirmó en un correo una funcionaria del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según la portavoz, los menores que aguardan la residencia legal permanente bajo el programa federal 'Jóvenes Inmigrantes Especiales' (Special Immigrant Juvenile, SIJ) permanecen bajo la observación de la agencia y podrían ser deportados de Estados Unidos.

“Una petición aprobada de SIJ no provee al extranjero estatus legal para permanecer en el país”, dijo la portavoz, Sarah Rodríguez, a Univision Noticias.

La agencia encargada de las deportaciones dijo además que “la petición aprobada de SIJ confiere solamente la elegibilidad para solicitar el estatus (de residencia) con la USCIS (Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración), pero no anula la orden final de deportación, ni permite que el extranjero permanezca en Estados Unidos mientras se revisa la petición".

El programa SIJ permite que ciertos menores de edad que han sido víctimas de abuso, negligencia o abandono por parte de uno de los padres en su país de origen soliciten permanecer legalmente en Estados Unidos.

Cambio de política


Después del 25 de enero, cuando el presidente Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas migratorias relacionadas con la construcción del muro en la frontera con México y las ciudades santuario, el ejecutivo puso fin a las discreciones procesales, y decretó que los 11 millones de indocumentados constituían una amenaza a la seguridad nacional y pública.

“Antes de la promulgación de ambos decretos, la fiscalía de inmigración usaba su discrecionalidad procesal para poner fin al proceso de deportación de niños que la corte clasificaba como beneficiario del programa SIJ”, dijo a Univision Noticias la oficina de la abogada Bridget Cambria, en Pennsylvania, que representa a varios menores recluidos en el centro de detención de ICE en Berks que solicitan el amparo de SIJ.

“Nos preocupa que si un niño ya recibió la protección del programa y se encuentra a la espera de que le concedan la residencia, ¿para qué continuar gastando los recursos del gobierno y colocarlos en proceso de deportación acelerada de Estados Unidos?”, agregó la oficina en un correo electrónico.

Univision Noticias trató de hablar por teléfono con algunos de los menores detenidos en Berks, pero sus abogados dijeron que sus clientes no desean hablar con la prensa porque “están cansados de contar sus historias y permanecen detenidos, algunos por casi dos años”.

Qué dice el programa


El SIJ fue creado por el Congreso en 1990 con el propósito de ayudar a menores de edad que califican para obtener la residencia legal permanente como parte de una categoría especial.

El reglamento señala que ciertos jóvenes indocumentados abandonados o abusados por uno de sus padres reciban el SIJ y, basado en este amparo, soliciten la ‘green card’, que en algunos casos demora varios meses.

Para pedir la residencia legal permanente el beneficiario debe llegar un formulario I-360 y adjuntar evidencias, entre ellas la orden de un juez de menores concediendo el amparo. Mientras aguardan la tarjeta verde, algunos jóvenes tienen derecho a gestionar una autorización de empleo.

Los beneficiarios del SIJ deben tener menos de 21 años de edad y ser solteros. Durante la espera de la ‘green card’ no deben salir del país.

Tolerancia cero


El final de la discreción procesal determinado por el gobierno del presidente Trump afecta por igual a los menores detenidos en centros de detención de ICE, y también a aquellos que fueron autorizados para beneficiarse del SIJ, iniciaron el trámite de la residencia y aguardan la codiciada tarjeta verde.

“Existen dos procesos de deportación diferentes”, explica la oficina de la abogada Cambria. “Al regular, bajo la sección 240 de Código de Inmigración, en el cual la persona va frente a un juez, tiene la oportunidad de conseguir abogado, preparar su caso y aplicar para cualquier beneficio de inmigración que esté disponible”.

“Y también está el proceso bajo la sección 235b o ‘expedited removal’ (deportación expedita)”, agrega. “Una orden de deportación bajo la 235b se da a la entrada del individuo y solo se cancela o se convierte en un proceso de deportación regular cuando la persona pasa una entrevista de miedo creíble (‘credible fear interview’). En ese momento, el fiscal tiene discreción para convertir una orden 235b a una 240 y/o terminar el proceso en cualquier momento. Pero ahora no quieren”, apuntó.

La oficina de Cambria explica además que “una deportación acelerada bajo la sección 235b le quita los derechos de debido proceso a los inmigrantes a partir de la entrada. No tienen derecho a una audiencia con un juez, y si la tienen es extremadamente limitada. Tampoco derecho a apelación bajo una corte federal, ni bajo la Junta de Apelaciones de Inmigración”.

Los abogados advierten que después del 25 de enero “la detención de indocumentados es mandatorio”, y señalan que los defensores de los derechos de los inmigrantes “le han pedido al gobierno de mil maneras que la sección 235b no debería aplicarse a los niños”.

Antes de las órdenes ejecutivas de Trump, “un niño que llegaba al programa de relocalización de refugiados, en muchos casos se podía conectar con un abogado y pedir a la fiscalía el término de la deportación. Pero ahora no dan nada. Esto es súper grave, porque habrá niños con camino a la residencia que nuestro gobierno va a intentar deportar”, previno la oficina de Cambria.

Qué dice el gobierno


Las preocupaciones y los requerimientos hechos por organizaciones y abogados no han sido respondidos por el gobierno federal, hasta ahora.

Univision Noticias preguntó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cuál era el estatus del programa, y si las órdenes ejecutivas del 25 de enero dejaron desprotegidos a los menores indocumentados amparados para el programa SIJ.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal que administra el programa, respondió que hasta ahora “no se han determinado cambios con respecto a la elegibilidad, ni ha habido ninguna dirección específica que indique el programa estaba o está en peligro”.

Sin embargo, ICE aseguró a Univision Noticias que las peticiones aprobadas de SIJ no otorgan estatus legal al beneficiario ni anulan una orden final de deportación.

ICE agregó que continúa centrando sus recursos en “observar a individuos que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, y detalló que tal como lo ha explicado el secretario del DHS, John Kelly, la agencia “no exime a las clases o categorías de extranjeros deportables de la posible ejecución de la ley”, y que todas las personas que violan las leyes de inmigración “pueden estar sujetos a ser detenidos, arrestados, y si tienen una orden final de deportación, ser expulsados de Estados Unidos”.

Campaña de ACLU


La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) le ha solicitado al gobierno federal que ponga en libertad a menores de edad detenidos en centros de detención de ICE y que llegaron a Estados Unidos en busca de asilo.

El grupo de derechos civiles señala que los menores privados de libertad “buscan asilo en Estados Unidos para escapar de la violencia y horrendos abusos en sus países de origen”, y que muchos de ellos llevan más de 500 días de encierro en el centro de detención de ICE en Berks, Pennsylvania.

“Muchos de estos niños han pasado más de la mitad de sus vidas detenidos. Así aprendieron a hablar y caminar preguntando por qué no los dejan salir”, dice la ACLU en una campaña que circula en internet y redes sociales.

Uno de los casos citados por la campaña y cuyo nombre fue guardado por razones de seguridad, se trata de un menor que huyó de la amenaza de las pandillas en Centroamérica después que asesinaron a varios de sus amigos.

Cuatro de los menores citados en la campaña de ACLU, y que están siendo representados por la oficina de Cambria, tienen familiares en Estados Unidos que están dispuestos a ayudarlos, señala la campaña.

ACLU dice además que, a pesar de exponerle a las autoridades el estado de salud de estos niños inmigrantes, y reiterar que califican para pedir asilo, “funcionarios de ICE se niegan a liberarlos tanto a ellos como a sus madres” detenidos en el centro de detención de ICE en Berks.
Univision

Wilfredo Leon
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