“NO MATCH” SIGUE DETENIDO EN UNA CORTE

El Servicio de Inmigración asume que los que ignoran la carta son indocumentados

Un dictamen de un juez federal, el viernes pasado, pareció responder las plegarias de un creciente coro de voces del sector empresarial y de grupos pro-reforma que se opone al reglamento que exige que las empresas despidan a empleados cuyo número de Seguro Social no corresponde con el de una base de datos federal.

El reglamento permanece frenado en los tribunales desde octubre de 2007 debido a una demanda entablada por grupos cívicos, empresariales y sindicalistas.

De ponerse en vigor, las compañías que se nieguen a cumplir con el reglamento y corregir las discrepancias en los documentos, en un plazo de 90 días, quedarán sujetas a multas y hasta penas carcelarias.

El juez federal de San Francisco, Charles Breyer, rechazó una petición del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para agilizar las audiencias de la demanda.

El titular del DHS, Michael Chertoff, había publicado una nueva versión del reglamento más de un año después de que el juez impidiera la entrada en vigor de la norma, pero no fue suficiente.

En la nueva versión, el DHS argumentó que las empresas tienen la obligación de investigar y corregir cualquier discrepancia en los números de Seguro Social de sus empleados porque, a su juicio, una discrepancia es, con seguridad, un "indicador legítimo" de que la empresa está contratando a indocumentados.

El Gobierno ha insistido infructuosamente en que el reglamento le daría colmillos a una ley federal de 1986 que prohíbe la contratación, a sabiendas, de inmigrantes indocumentados.

Grupos como la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), el Centro Legal Nacional de Inmigración (NILC) y la federación sindical AFL-CIO, aseguran que existen múltiples errores en la base de datos que las empresas deben consultar para verificar la legalidad de los documentos de Seguro Social.

Algunas de esas discrepancias van desde errores administrativos hasta cambios de nombre por matrimonio o divorcio, o la costumbre latina de usar dos apellidos.

Peor aún, agregan, el reglamento podría ser el escudo perfecto para discriminar a quienes tengan apariencia o acento extranjero.

ACLU ha hecho notar que, según un estudio encargado por el DHS, alrededor de 3,9 millones de trabajadores legales estarían afectados por el reglamento.

Y un análisis de la Cámara de Comercio, a cargo del académico de Harvard, Richard Belzer, señaló que más de 165 mil trabajadores legales en Estados Unidos podrían quedarse en la calle si no logran resolver las discrepancias con el Seguro Social.

El costo de arreglar estos problemas sería de al menos $1,000 millones anuales para el empresariado.

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