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Nuevo plan del Senado para indocumentados se limita a una protección de deportación

Escrito el 13 Oct 2021
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Nuevo plan del Senado para indocumentados se limita a una protección de deportación


Los demócratas del Senado trabajan en los detalles finales de un nuevo plan para convencer a la principal asesora del Senado, la abogada Elizabeth MacDonough, que acepte incluir una vía de protección legal de inmigrantes indocumentados en el paquete de reconciliación del presupuesto de gastos 2022.

Pero a diferencia de los dos primeros intentos, ambos con una vía hacia la Green Card (tarjeta verde) y luego la ciudadanía por naturalización, el Plan C es menos generoso: protegería a 8 millones de indocumentados de la deportación -con una acción diferida de deportación similar a DACA- y les concedería un permiso de trabajo renovable.

“Están dando los toques finales a la nueva propuesta”, dijo una fuente del Congreso conocedora de las conversaciones, pero que no está autorizada a hablar con la prensa.

“El liderazgo seguirá intentando conseguir una opinión favorable de la oficina de la asesora del Senado para avanzar con el tema de la reconciliación", precisó.

La acción diferida de deportación beneficiaría a los mismos cuatro grupos de inmigrantes incluidos en los planes A y B rechazados por MacDonough en septiembre, es decir, dreamers (jóvenes indocumentados que entraron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años), titulares del Estatus de protección Temporal (TPS), trabajadores esenciales (del área de la salud y de la cadena alimenticia) y trabajadores del campo.

Detalles del plan

La organización Immigration Hub, que colabora con el Senado en la elaboración del plan para incluir la regularización de indocumentados en el paquete de reconciliación, explicó detalles del Plan C.

“A diferencia de los dos primeros, el Plan C se basa en leyes vigentes de inmigración”, dijo Lia Parada, directora de asuntos legislativos de la organización.

“Se trata de un permiso de permanencia temporal parecido a DACA o el TPS otorgado por el Congreso, que contará con protecciones más fuertes que si se hace por medio de una Acción Ejecutiva presidencial”, detalló.

Parada dijo además que “estos permisos vendrán con una protección de deportación válida por 5 años”, y que durante la primera etapa de 5 años los inmigrantes favorecidos no serán elegibles para ciertos beneficios públicos, como cobertura médica.

“Pero sí serán elegibles en el segundo período de protección de 5 años, como lo señala la ley”, indicó Parada.

En cuanto a la cantidad de planes que pueden ser presentados a la principal asesora del Senado, Parada dijo que por lo general hay tres presentaciones formales “y hasta ahora solo va una, la primera de mediados de septiembre”.

El segundo plan (B) fue presentado de manera informal durante una reunión con delegados de ambos partidos para pedir más información a la asesora.

“El Plan C también se hará en el marco de una reunión informal”, precisó Parada. “Seguiremos buscando la manera de convencerla y de una opinión favorable teniendo en cuenta todas las reglas existentes para que se incluya en el paquete de reconciliación”, indicó.

Immigration Hub confía en que, al final del período de consultas, los demócratas consigan finalmente la aprobación para incluir el tema migratorio en el proceso de aprobación del presupuesto.

Los planes fallidos

El Plan A consistió en incluir en el paquete de reconciliación los proyectos de ley aprobados por la Cámara de Representantes el 18 de marzo, que incluyeron una vía de legalización para los 8 millones de indocumentados de los cuatro grupos mencionados.

La oficina de MacDonough concluyó en su informe que el ajuste de estatus solicitado por los demócratas “aumentará el déficit en $140,000 millones durante 10 años como resultado de la red de seguridad social y programas de beneficios a los que los residentes legales permanentes que serían legalizados tendrían derecho”.

También dijo que "la disposición también incluye condiciones de inelegibilidad para estos solicitantes junto con exenciones de muchos de esos descalificadores a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)".

El Plan B consistió en modificar la fecha de la Ley del Registro, una disposición aprobada por el Congreso que permite a ciertos extranjeros sin papeles que se encuentran en Estados Unidos a partir del 1 de enero de 1972, carecen de antecedentes criminales y tienen buen carácter moral, solicitar la residencia legal permanente (LPR o Green Card).

La idea era adelantar la fecha al 2010, pero MacDonough dijo que la iniciativa era similar al primer plan y lo desestimó.

 “Es ridículo”

Organizaciones y activistas que luchan por los derechos de los inmigrantes fustigaron el Plan C y se mostraron desilusionados por el nuevo esfuerzo.

“Es absolutamente ridículo el plan”, dijo Francisco Moreno, director de la Federación de Confederaciones Mexicanas de Los Ángeles (California). “Es ridícula esta posición por parte del liderazgo demócrata”, agregó.

“No creemos que un TPS para otro TPS sea la solución, es un parche para tañar otro parche”, indicó al conocer detalles del plan.

“Hemos luchado por una reforma migratoria inclusiva. Ahora vemos con muy malos ojos el querer poner algo en la mesa por una legalización a medias para ayudar a nuestra comunidad”, precisó.

A su vez, Matt Adams, director legal del Proyecto de Derechos de Inmigrantes del Noroeste, en Seattle (Washington), dijo que el plan muestra “una situación desesperada” por parte del liderazgo demócrata.

“Las dos primeras opciones ya fueron rechazadas y creen que no pueden lograr más. Eliminar los servicios les dará una mejor oportunidad. Y creo que, claro que no es la mejor opción, pero quizás sea la única que tienen”, concluyó.

 

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