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ONU critica «vuelos de deportación» desde EEUU por razones de salud pública

Escrito el 13 Ago 2021
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ONU critica "vuelos de deportación" desde EEUU por razones de salud pública


La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) expresó su preocupación por los” vuelos de “deportación” de inmigrantes activados la semana pasada por el gobierno de Joe Biden y advirtió que los afectados corren el riesgo de regresar a los mismos lugares de honde huyeron para salvar sus vidas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados “expresa su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de trasladar en avión hacia el sur de México a personas solicitantes de asilo y migrantes que han sido expulsados en virtud de una orden de salud pública”, dijo Matthew Reynolds, representante del organismo para Estados Unidos y el Caribe.

Reynols agregó que “las personas o las familias a bordo de esos vuelos, que puedan tener necesidades urgentes de protección, corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica, sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades”.

A finales de julio el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), anunció la reanudación del programa de deportaciones expeditas de ciertas familias de inmigrantes que no califican para pedir asilo o ser expulsados por el Título 42 del Código de Estados Unidos. Tres días después dijo que los primeros vuelos a México se habían llevado a cabo.

La deportación expedita (expedited removal), dijo el DHS, “proporciona un procedimiento legal y más acelerado” para expulsar del país aquellas unidades familiares “que no tienen una base bajo la ley estadounidense para estar en Estados Unidos”.

La medida también se aplica a los extranjeros inadmisibles bajo la Sección 212 de la Ley de Inmigración, que involucra a aquellos que han cometido crímenes y las autoridades de inmigración determinan son una amenaza a la seguridad pública y nacional de Estados Unidos.

Entre las faltas se incluye fraude, uso de documentos falsos, cargos por tráfico de drogas, tráfico de personas, incumplimiento del pago de manutención, cargos por DIU, estafa y soborno, entre otras.

El regreso después de una deportación también es motivo de una expulsión acelerada.

El Título 42 -una vieja regla que data de 1944- fue activada por el gobierno anterior como parte de las medidas de seguridad sanitaria para frenar y evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Las preocupaciones

ACNUR dice que los de deportados, “a través de los cuales se trasladan hacia el interior de México a ciudadanos no mexicanos, constituyen una nueva y preocupante dimensión en la aplicación de la orden de salud pública relacionada con la COVID conocida como Título 42”.

Indicó además que esta política “impide que personas y familias tengan acceso a los procedimientos de asilo y de identificación de sus necesidades de protección en Estados Unidos” y que la deportación al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena”.

“Las devoluciones sucesivas por parte de diferentes países, de personas vulnerables en peligro, contraviene el derecho internacional y los principios humanitarios de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951”, dijo Reynols.

El funcionario dijo además que “todos los gobiernos tienen la obligación de defender estas normas y principios en todo momento”. Y precisó que ACNUR “lanzó recientemente una advertencia global contra las iniciativas que delegan a terceros la responsabilidad del asilo o que obstaculizan el derecho a solicitar asilo”.

Peligro latente

La ONU también advirtió que “en un momento en el que el flujo de solicitantes de asilo y migrantes en la región ha aumentado considerablemente, los vuelos de deportación en virtud del Título 42 también pondrán a prueba la ya sobrecargada capacidad de respuesta humanitaria en el sur de México y el norte de Guatemala”.

“Aumentarán el riesgo de transmisión del COVID-19 a través de las fronteras nacionales y obstaculizarán las medidas que se están adoptando para compartir la responsabilidad entre los países de la región a la hora de abordar las causas profundas del desplazamiento forzado y de la migración”, indicó.

La agencia internacional dijo que ha sostenido, desde el inicio de la pandemia, que la protección de la salud pública y la garantía del acceso al asilo son totalmente compatibles. “Incluso cuando el COVID-19 se ha disparado en algunos momentos, muchos países han puesto en marcha protocolos eficaces, como pruebas de salud sistemáticas, exámenes y medidas de cuarentena, que han protegido simultáneamente y con éxito tanto la salud pública como el derecho humano a solicitar asilo”.

ACNUR dijo además que “reitera el llamado realizado en mayo de por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, para que el Gobierno de EEUU levante rápidamente las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42” y que está dispuesto “a apoyar a Estados Unidos, México y a todos los países, en las acciones y medidas que salvaguardan de manera efectiva la salud pública sin sacrificar el derecho fundamental a pedir asilo”.

Doblemente deportados

El miércoles unos 300 inmigrantes centroamericanos reportados recientemente por Estados Unidos al sur de México en aviones, fueron nuevamente deportados a la remota localidad de El Ceibo, en el Norte de Guatemala, un lugar selvático y sin recursos para atenderlos.

La mayoría de los deportados en vuelos de ICE son personas originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, muchos de ellos con niños.

De acuerdo con el reportaje, cuando los grupos llegaron a México sus reclamaciones de asilo no fueron escuchadas, los subieron a autobuses y los enviaron a Guatemala.

Cuando el gobierno de Biden anunció las deportaciones expeditas, aseguró que se trataría de un procedimiento de inmigración “seguro y ordenado”. Y el gobierno de México, a su vez, garantizó que los deportados desde Estados Unidos serían tratados adecuadamente y que aquellos que soliciten asilo serían procesados.

El lunes, el Instituto Nacional de Migración (INM) de México aseguró en su página de internet que "refrenda su compromiso con el respeto, defensa y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por México". La declaración fue en respuesta a una recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

 

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