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POLICÍAS CAZAINMIGRANTES BAJO ESTUDIO

Escrito el 12 Mar 2009
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WASHINGTON - Una sección de la ley de inmigración activada por el Departamento de Justicia en 2003 y que otorga poderes extraordinarios a las policías locales para que ejerzan funciones como agentes de inmigración, está siendo revisada minuciosamente por el Congreso.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) no se aseguró de que los organismos policiales estatales y municipales persiguieran a los criminales peligrosos y no abusaran de su autoridad al hacer cumplir las leyes inmigratorias, dijeron investigadores del gobierno.

Decenas de agencias estatales y locales han colaborado con la agencia de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) para hacer cumplir las leyes inmigratorias, dominio del gobierno federal.

Pero ICE, una agencia dependiente del DHS, no ha explicado claramente que sus objetivos son los criminales peligrosos como los narcotraficantes, dijo la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO)

La GAO halló que la ICE no está supervisando adecuadamente a sus colaboradores locales y estatales ni recolectando los datos necesarios para evaluar el programa, según el informe.Como consecuencia, algunas agencias policiales locales y estatales se han concentrado en arrestos de personas por manejar a velocidad excesiva o casos menores como orinar en público, dijo la GAO.

The New York Times afirmó, según el informe, que algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley habían utilizado el programa para deportar inmigrantes "que cometieron delitos menores, tales como llevar un recipiente abierto de alcohol".

Al menos cuatro organismos presentaron infracciones menores de

tráfico para pedir la deportación de los detenidos.

El diario dijo que el informe analizó 29 de los 67 organismos encargados de hacer cumplir las leyes locales en el programa y concluyeron que se arrestaron a 43 mil inmigrantes indocumentados el año pasado, incluyendo 34 mil detenidos por agentes de inmigración.

De los 34 mil, según el informe, alrededor del 41 por ciento fueron puestos en procedimiento de remoción, el 44 por ciento renunció a su derecho a una audiencia y fueron deportados de inmediato.

El 15 por ciento fue puesto en libertad por razones como humanitarias, y por " crímenes de naturaleza menor", luego de haber sido condenados a penas de prisión.

El Comité de Seguridad del Departamento de Seguridad Interior, presidido por el representante demócrata Bennie Thompson, debía examinar el miércoles el programa llamado 287(g).

"Aunque no sé si el 287(g) es un programa efectivo, sé que se le ha acusado de individuación racial. Y esa acusación debería preocuparnos a todos", dijo Thompson en declaraciones

La jefa de la seguridad de Estados Unidos, Janet Napolitano (quien encabeza el DHS) ha ordenado revisar varios programas de su departamento, incluyendo las colaboraciones dispuestas por el 287(g).

Sean Smith, vocero del DHS, dijo que no ha visto todavía el informe del GAO. Agregó que la revisión del departamento no ha sido completada. Pero agregó que Napolitano toma en serio las versiones de abusos a los derechos civiles y las conclusiones de la GAO y que "se movilizará en forma decisiva si su revisión descubre una falta de controles".

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