editor@latinonewspaper.net | 25-Nov-2020 08:01:37 am

PRINCE WILLIAM NO QUIERE INDOCUMENTADOS

Aprobó ley que entra en vigor en 2008

"Nos sentimos muy consternados. La aprobación (de esta ley) representa una muestra de desprecio. Pero la última palabra no se ha pronunciado", dijo la madrugada del miércoles 17 de octubre Ricardo Juárez, un activista por los derechos de los inmigrantes en Prince William, Virginia, después que la Junta de Supervisores del condado aprobara suspender ciertos servicios públicos a los indocumentados.

Cuando la norma entre en vigencia en 2008, se les negará asistencia de vivienda, rehabilitación a los presos por drogas y programas para los ancianos.

Este voto siguió a la aprobación, el 2 de octubre, de un plan para autorizar a la Policía a indagar sobre el estatus migratorio de los detenidos hasta por delitos comunes (i entregar al servicio de inmigración a los inmigrantes sin estatus en el país).

Pese a que el presupuesto de Prince William se ha visto bastante afectado por la caída del mercado de bienes raíces y un recorte estatal de $500 millones, los supervisores aprobaron la medida, que requiere de un gasto adicional de $14,5 millones en cinco años para la Policía.

El acceso a las escuelas públicas, el cuidado médico y los servicios de protección a los menores están garantizados por ley federal. El uso de las bibliotecas no se vería afectado, según recomendación de la oficina del ejecutivo.

Este voto llega tres semanas antes de las elecciones locales, que se realizarán el 6 de noviembre. Todos los supervisores van por la reelección.

La medida es la más fuerte en la región metropolitana. Sin embargo, el martes 16 el condado de Fairfax, también en Virginia, que se había posicionado a favor de no actuar contra los indocumentados, anunció, a través del ejecutivo, que pronto estudiará qué servicios se les podría negar a los inmigrantes sin papeles.

"Prince William, escucha", coreaban centenares de manifestantes latinos que acudieron a la audiencia pública que comenzó el martes 16 y se prolongó hasta el 17, para ver cómo votarían los supervisores.

Pero al parecer, los funcionarios no se conmovieron con los testimonios de alrededor de 400 personas que se sucedieron durante más de 12 horas: aprobaron la medida en forma manera unánime.

Era efectivamente lo que pronosticó Greg Letiecq, presidente del grupo "Help Save Manassas", que apoyaba la resolución.

Durante las últimas dos semanas, miembros del grupo habían presionado a los supervisores con una catarata constante de e-mails, llamadas telefónicas y mensajes de fax, contó Letiecq.

"Nos pareció un insulto", dijo Ricardo Juárez, coordinador de Mexicanos Sin Fronteras (MSF), quien esperó hasta las 2:30 a.m. del miércoles para el voto. "Al final de todo, se hizo evidente que (los supervisores) ya tenían decidido aprobar la resolución. Fue una farsa".


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