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Tesoro develará plan para atender crisis fiscal de Puerto Rico

El gobierno del presidente Barack Obama impulsará, además, mejorar significativamente el acceso a los fondos federales de salud

Escrito el 21 Oct 2015
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WASHINGTON - El número tres del Departamento del Tesoro federal va a presentar mañana ante un comité del Senado estadounidense el plan que desarrolla el gobierno del presidente Barack Obama para asistir a Puerto Rico con su crisis fiscal y de deuda pública, en momentos en que considera que el impago es inevitable, pues el gobierno puertorriqueño puede quedarse sin liquidez antes de que termine el año.

Las expectativas son que Antonio Weiss -quien es consejero senior del secretario del Tesoro, Jack Lew, en funciones de subsecretario para las Finanzas Domésticas-,  afirme que la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico no se va a controlar a menos que haya una amplia reestructuración de la deuda pública, que asciende a $73,000 millones.

“La cosa está peor de lo que cuenta el gobierno de Puerto Rico”, citó una fuente casi textualmente al secretario Lew, quien se reunió el lunes con sindicatos, grupos boricuas e hispanos, que  presionan a favor de una intervención inmediata y decisiva del presidente  Obama y el Congreso.

Como confirmación de la urgencia que percibe el Tesoro, la audiencia del jueves del Comité de Energía y Recursos Naturales -que tiene jurisdicción primaria sobre los temas de Puerto Rico y tendría que revisar cualquier legislación,  si se presentara,  para crear una junta federal de control fiscal- , será la primera sobre la Isla a la que el gobierno del presidente Obama envía un representante.

Cuán lejos va a llegar Weiss en su afirmación a favor de que el reajuste de la deuda incluya las obligaciones generales y Cofina -no solo los bonos de las corporaciones públicas y municipios angustiados económicamente- es lo que está por verse.

Pero, el Tesoro, como dijo un portavoz esta semana, ha sido consecuente en reclamarle al Congreso, de forma general, “acción para proveer a Puerto Rico las herramientas que urgentemente necesita, incluido el acceso a un régimen que permite una reestructuración ordenada de la deuda pública”.

No han limitado su llamamiento a la inclusión de las empresas públicas de  la Isla en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, aunque ciertamente han evitado hacer una referencia directa, hasta el momento,  al reclamo del gobernador Alejandro García Padilla de que para reordenar las finanzas sin dañar servicios básicos, es necesario reajustar las obligaciones generales protegidas por la Constitución de Puerto Rico.

La mayoría republicana del Congreso no ha estado dispuesta ni a aceptar la inclusión de las corporaciones públicas de Puerto Rico en el capítulo 9, como proponen los proyectos de ley del comisionado residente, Pedro Pierluisi, y del senador demócrata Richard Blumenthal (Connecticut).

La realidad del congreso

Por tal razón, es improbable que haya ambiente en este momento en la mayoría republicana del Congreso para darle a Puerto Rico un mayor poder de reestructuración de su deuda pública que el que tienen los estados.

De todos modos, dijeron ayer fuentes cercanas a las discusiones con el gobierno federal, una expresión general del Tesoro a favor de reestructurar la deuda representaría un respaldo a los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico dirigidos a renegociar hasta $46,000 millones de sus obligaciones fuera de los tribunales.

“Presumiendo que se sientan intimidados por el gobierno del presidente Obama, una expresión clara del Tesoro pondría más presión sobre los acreedores”, indicó un cabildero cercano a las discusiones.

Previamente, El Nuevo Día había adelantado que el gobierno del presidente Obama propondrá al Congreso reautorizar por lo menos la misma asignación de fondos de Medicaid que hizo la reforma federal de salud -que ascendió a $6,300 millones en nueve años-, pero que se agota tan rápidamente que puede crear un abismo fiscal en el plan de salud del gobierno de Puerto Rico, Mi Salud, y toda la industria de salud, como tarde en 2018.

Pero, puede haber anuncios “aún más contundentes”, dijo una fuente.

El Nuevo Día también ha informado que el gobierno del presidente Obama ya estaba a bordo con la idea de elevar el techo en los fondos de Medicare y mejorar los reembolsos a médicos y hospitales.

La otra parte del plan del gobierno del presidente Obama se debe referir al pleno acceso de los residentes de Puerto Rico a los créditos por ingresos devengados (EITC), y por niños independientes (CTC), que por un error técnico solo favorece en la Isla a familias con tres o más hijos.

“Al más alto nivel del Tesoro están convencidos de que hay que asistir a Puerto Rico en el proceso de renegociación de alguna de su deuda pública y que, de igual manera, hay que mejorar el trato que Puerto Rico está recibiendo en los programas de salud y créditos contributivos  del gobierno federal”, indicó, por su parte,  Pierluisi.

El comisionado residente  ha rechazado la creación de la junta federal de control fiscal, pero entiende que  si hay una asignación adicional significativa de fondos federales, el gobierno de Estados Unidos va a querer  imponer algún tipo de supervisión.

“En el Senado se considera seriamente asistir a Puerto Rico en el área de la salud, así como para promover la creación de empleos en la Isla. Ese tipo de ayuda estaría sujeta a algún tipo de supervisión fiscal federal”, dijo.

Para Pierluisi, “siempre y cuando se mejore sustancialmente el trato que recibe Puerto Rico de parte del gobierno federal,  sería aceptable que el gobierno federal se cerciore de que los fondos cumplan su propósito”.

En gran medida, sin embargo, las propuestas que se debaten en el Tesoro son iniciativas que dependen de acción del Congreso y que en su mayoría no tienen despejado a corto plazo el trámite legislativo, sino, como muy temprano, para el presupuesto federal 2017, que comienza en octubre de 2016.

El testimonio de Weiss, de todos modos, le recordaría al Congreso que la responsabilidad sobre los territorios descansa en manos de los cuerpos legislativos.

Y tendrá como telón de fondo el convencimiento del propio secretario Lew de que los partidos políticos principales -el Popular Democrático (PPD) y el Nuevo Progresista (PNP)-, son incapaces de  ponerse de acuerdo en torno a la crisis fiscal.

Finanzas

El Tesoro había ofrecido el testimonio de Weiss al Comité de Finanzas del Senado para la audiencia del 29 de septiembre, pero esa comisión -que recuerda que el secretario Lew le dio las funciones de número tres a pesar de haber tenido que retirar su nombramiento como subsecretario para las Finanzas Domésticas  por la oposición que generó-, lo rechazó como ponente, confirmaron dos fuentes.

Weiss trabajó para  la firma Lazard Fréres -con inversiones en Blue Mountain Capital, un fondo de cobertura que tiene cerca de $400 millones en bonos puertorriqueños-, de la cual recibió $21 millones como liquidación, según grupos neoyorquinos.

Su candidatura al puesto de subsecretario para las Finanzas Domésticas fue boicoteada por la  demócrata Elizabeth Warren  (Massachusetts), una liberal de gran influencia con la cual puede reencontrarse mañana en la audiencia del comité senatorial.
El Nuevo Día

Wilfredo Leon
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